El gobierno de Obama el miércoles amenazó con vetar un proyecto de la Cámara diseñado para defender las industrias indispensables de Estados Unidos y las redes corporativas de los ataques electrónicos por parte de gobiernos extranjeros, delincuentes cibernéticos y grupos terroristas, argumentando que la medida se queda corta en la protección de las libertades civiles.
“La ciberseguridad y la privacidad no son mutuamente excluyentes”, dijo la administración en un comunicado emitido justo cuando los proponentes del proyecto de ley exponían su caso en una audiencia en la Cámara.
El gobierno se quejó de que el proyecto, que cuenta con apoyo bipartidista, permitiría el intercambio de información con el gobierno sin necesidad que la industria y el gobierno garantice proteger la información personal.
La declaración decía que el intercambio de información policial del ciberespacio y la Ley de Protección (CISPA) “se aparta de los esfuerzos para el tratamiento de la Internet y el ciberespacio como esferas civiles.”
Los patrocinadores y partidarios de CISPA reclaman que el proyecto de ley tiene por objeto permitir a las empresas privadas y al gobierno comunicarse en caso de una amenaza cibernética. Los detractores, sin embargo, argumentan que simplemente hará más fácil a las autoridades federales hacerse con la información personal de los usuarios.
Los patrocinadores del proyecto de ley CISPA Mike Rogers y Dutch Ruppersberger, el presidente y miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo esta tarde que “la base para la opinión de la Administración de Obama se basa principalmente en la falta de regulación de la infraestructura crítica, algo que está fuera de nuestra jurisdicción. ”
“También queremos llamar la atención de la Casa Blanca a la serie de importantes mejoras a medidas de privacidad y libertades civiles, anunciadas ayer que se sumarán al proyecto de ley”, continuaron.
El gobierno respalda un proyecto de ley patrocinado por los senadores Joe Lieberman,de Connecticut., Y Susan Collins, republicana por Maine, que le daría a Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para establecer normas de seguridad. Ese proyecto de ley sigue estancado en el Senado.
