El embajador mexicano en Japón fue el encargado de poner su estampa en el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA), el cual busca establecer un marco homogéneo para luchar contra el comercio ilegal de falsificaciones y que es rechazado porque permitirá el monitoreo de las actividades que se realizan en internet.
Según los promotores de la medida, con esto se pretende “solamente” regular la circulación de datos en la web y crear instituciones que cautelen por los derechos de autor.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aplaudió la medida del gobierno, indicando que se envía “un mensaje contundente” contra la piratería.
Sin embargo, el ACTA suma numerosos detractores entre varios organismos gubernamentales de México, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Acceso a la Información.
“(El tratado) da la posibilidad de que un particular, como una corporación, pueda pedir datos personales a los proveedores de internet, y que estos estén obligados a entregarlos en violación al debido proceso”, afirmó Antonio Martínez, integrante de Open Acta, un grupo de activistas en contra del acuerdo.
“El proveedor de servicios tiene que brindar información, si hay una obligación clara para que un titular de derechos pueda tener acceso a información privada de un usuario sin necesidad de que este se entere, y sin necesidad de que medie una orden judicial. Eso lo dice el artículo 27.4 del ACTA”, agregó.