Las nuevas leyes de vigilancia en internet han obligado a las empresas a tener que generar programas para grabar las conversaciones de los usuarios en caso de eventual peligro y las dudas sobre la participación del popular servicio de videochat se incrementan ante la negativa de la empresa de revelar su condición.
Históricamente, Skype fue un obstáculo importante para lograr el seguimiento de las llamadas, puesto que cuenta con una fuerte encriptación y complejas conexiones de red P2P.
Incluso, la compañía argumentó que no podía llevar a cabo escuchas telefónicas debido a “su arquitectura P2P y las técnicas de cifrado.”
Sin embargo, hackers denunciaron que Skype hizo un cambio en su arquitectura para hacer más fácil “la interceptación legal” de las llamadas. Ante estas acusaciones, la empresa apuntó que la reestructuración fue una actualización y no tenía nada que ver con la vigilancia.
Pero ante la consulta sobre si en la actualidad podía dar pie a las solicitudes de intervención telefónica, el portavoz de Skype no fue claro y sólo se limitó a señañar que la empresa “con las agencias de aplicación de la ley tanto como sea jurídica y técnicamente posible”.
Las dudas se acrecientan, ya que tras ser comprada por Microsoft se logró la patente para la tecnología de “intercepción legal” diseñada para los servicios de VoIP como Skype y que permite “copiar en silencio la comunicación transmitida a través de la sesión de comunicación”.
No es sorprendente que, con 663 millones de usuarios registrados en el reporte del año pasado, Skype ha estado bajo presión para permitir la interceptación de llamadas.
Pero la preocupación radica en que Skype no está siendo claro sobre el estado de su relación con la aplicación de la ley. En vista de ello, los usuarios están comenzando a mudarse a alternativas como Jitsi, que cuenta con un sistema cifrado más extremo y un nivel de seguridad que ya no puede darse por sentado con Skype.
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